Senator Rick Scott | Senator Rick Scott Website
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Los senadores Rick Scott y Alex Padilla han presentado un nuevo proyecto de ley destinado a combatir el narcotráfico en la región del Caribe. La propuesta, denominada Ley de Estrategia Antinarcóticos en la Frontera del Caribe, busca frenar el tráfico ilegal de drogas entre Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE. UU. y Florida.
Este proyecto se basa en informes previos que instan a la Oficina de Política Nacional de Drogas de la Casa Blanca a desarrollar una estrategia específica para esta área, complementando otras estrategias nacionales ya existentes. La legislación cuenta con el respaldo de Jenniffer González Colón, gobernadora de Puerto Rico y ex congresista.
El senador Rick Scott comentó: "Durante los últimos cuatro años, la frontera abierta de par en par del Presidente Joe Biden sirvió como una invitación para que los delincuentes trajeran drogas mortales, como el fentanilo, a nuestras comunidades y mataran a estadounidenses". Scott añadió que espera que esta situación mejore bajo el liderazgo del presidente Trump y la secretaria Noem. Además, enfatizó: "Nuestro proyecto de ley... mejorará la capacidad de nuestra nación para combatir las operaciones ilegales de narcóticos".
Por su parte, el senador Alex Padilla subrayó: "El tráfico de drogas a través del Caribe alimenta el crimen, la violencia y la propagación de drogas ilícitas en los Estados Unidos". Padilla destacó que este proyecto bipartidista aseguraría una estrategia clara por parte del gobierno federal para enfrentar estas amenazas.
Jenniffer González Colón expresó su preocupación sobre las actividades ilícitas en el Caribe al señalar: “Los carteles de drogas y redes de narcotráfico en el Caribe representan una amenaza seria a nuestra seguridad nacional”. Añadió que es crucial proporcionar recursos federales adecuados para abordar estos problemas.
La Ley busca asegurar que exista una estrategia federal clara contra el flujo ilegal de drogas desde el Caribe hacia Estados Unidos. Entre sus disposiciones incluye medidas específicas para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, además de definir términos clave dentro del marco legal existente.